El gobernador sanjuanino fue uno de los ocho mandatarios convocados por el Gobierno para sumar apoyos. Nación apunta a blanquear millones en moneda extranjera y endurecer las penas contra la evasión.
03/06/2025
Redacción El Austral
En un nuevo capítulo del plan económico del Gobierno nacional, Marcelo Orrego fue recibido este martes en Casa Rosada junto a otros cinco gobernadores y dos enviados provinciales. El objetivo del encuentro fue acelerar el respaldo político al nuevo régimen simplificado de Ganancias y a una inminente reforma de la Ley Penal Tributaria, que busca incentivar el blanqueo de dólares no declarados y endurecer las sanciones contra la evasión fiscal.
La reunión tuvo lugar entre las 14:30 y las 15 y fue encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de ARCA, Juan Pazo. Además de Orrego (San Juan), participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta) y un representante de Misiones, entre otros.
El Ejecutivo pretende que las provincias adhieran públicamente al nuevo esquema de información fiscal, que entrará en vigencia el 1 de junio. Este sistema permitirá operaciones con topes de hasta $100 millones sin exigir documentación respaldatoria, incentivando así a que los ahorristas saquen sus dólares “del colchón” o de operaciones en negro.
Sin embargo, el Gobierno exige un compromiso explícito de los gobernadores de no solicitar información patrimonial ni de consumos personales de quienes adhieran al régimen, lo que despertó resistencias en seis provincias opositoras, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego.
A modo de presión, en Nación ya dejaron trascender que restringirán el acceso de esas provincias a datos clave de contribuyentes, en caso de no sumarse.
Además, el equipo del presidente Milei trabaja en una reforma de la Ley Penal Tributaria, que será presentada oficialmente esta semana. El nuevo texto acorta los plazos de prescripción penal de cinco a dos o tres años e eleva el monto mínimo de evasión considerado delito de $1,5 millones a $100 millones, lo que podría beneficiar a grandes evasores y restar herramientas de fiscalización a la AFIP.
La iniciativa no incluirá por ahora cambios en la Ley Penal Cambiaria, que regula la compra de divisas en el mercado informal. En el oficialismo consideran que avanzar sobre este punto podría “interferir con el ordenamiento fiscal” planeado hasta 2026.
Aunque el gobernador Orrego no se expresó públicamente sobre su posición ante el nuevo régimen, su presencia en Balcarce 50 indica una voluntad de diálogo con el Ejecutivo nacional en medio de la necesidad de recursos coparticipables y obra pública. En paralelo, el mandatario participó más temprano de la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde varios gobernadores reclamaron justamente por la caída de los envíos nacionales y la paralización de proyectos provinciales.
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