El Gobierno disuelve la AFIP y crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Este lunes, el Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su reemplazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con “estructura simplificada” que concentrará las Direcciones Generales de Impuestos y de Aduanas.

La noticia fue comunicada por Manuel Adorni, vocero presidencial, en una conferencia de prensa donde no se aceptaron preguntas de los periodistas acreditados, algo que sorprendió dado que es un procedimiento habitual.

“Este organismo funcionó durante años como una caja política y sometió a muchos argentinos a persecuciones completamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó”, afirmó Adorni.

Agregó que la medida sigue los principios liberales promovidos por el presidente Javier Milei, quien busca achicar el Estado y dar más libertad a los ciudadanos sobre su propiedad.

Reducción de cargos y ahorro presupuestario

El Gobierno informó que la nueva ARCA reducirá un 34% de los cargos públicos, eliminando el 45% de los puestos superiores y el 31% de los inferiores. Además, los altos funcionarios dejarán de percibir la “cuenta de jerarquización”, por la cual la anterior titular de la AFIP cobraba $32 millones mensuales y los directivos $17 millones. En su lugar, recibirán salarios equivalentes a los de ministros, de alrededor de $4 millones mensuales.

Adorni también informó que 3.155 empleados que ingresaron durante la gestión anterior “de manera irregular” serán reubicados o pasados a disponibilidad. Esta reestructuración busca mejorar la eficiencia operativa del organismo y reducir los gastos del Estado.

Según el comunicado oficial, la creación de ARCA generaría un ahorro anual de $6.400 millones. El objetivo principal es optimizar la recaudación sin aumentar la presión fiscal, profesionalizando las funciones del organismo y eliminando los circuitos de corrupción que se habrían enquistado en la AFIP.

Este anuncio marca un paso decisivo en la política de reducción del Estado impulsada por la nueva administración, que promete “devolver a los ciudadanos el control sobre su propiedad” y eliminar prácticas que, según el Gobierno, han dañado la confianza de los contribuyentes.