El Gobierno elimina la triangulación de aportes en obras sociales y obliga a 1,4 millones de afiliados a elegir su cobertura

La medida, enmarcada en el reordenamiento del sistema de salud, obliga a 1.400.000 afiliados a que sus aportes vayan directamente a las empresas de medicina prepaga que les prestan servicio, eliminando la intermediación de obras sociales no registradas en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

 ¿Por qué se tomó esta medida?

Según el Gobierno, muchas de estas obras sociales operaban como "sellos de goma", sin estructura real, funcionando solo para retener una parte de los aportes de los trabajadores. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) afirman que el sistema de triangulación generaba más de 30.000 millones de pesos mensuales en circuitos de dudosa transparencia.

La medida transparenta el sistema y genera ahorro a los beneficiarios, ya que evita el costo de la intermediación, que representaba entre un 3% y un 10% del aporte, señalaron desde el Ministerio de Salud.

•  Cómo impacta en los afiliados
•  Aportes directos a la prepaga: Ya no pasarán por obras sociales con registros irregulares.
• Libertad de elección: Durante los próximos 60 días, los afiliados podrán optar por seguir en la prepaga o volver a una obra social registrada.
•  Menos costos y burocracia: Se espera que las prepagas reduzcan las cuotas, al eliminar intermediaciones.

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Obras sociales señaladas

La Superintendencia detectó varias obras sociales con un número de empleados mínimo en comparación con la cantidad de afiliados que gestionaban:

OSCNA (Comisarios Navales): 4 empleados para 161.000 afiliados.
OSSDEB (Serenos de Buques): 8 empleados para 60.000 afiliados.
OSTVLA (Técnicos de Vuelo): 16 empleados para 81.976 afiliados.
OSCEAR (Empresarios de Remises): 63 empleados y $5.500 millones de ingresos mensuales.
OSADRA (Árbitros Deportivos): 7 empleados y $1.200 millones por mes.
OSCOMM (Capitanes de Ultramar): 35 empleados y $3.650 millones mensuales.

La Resolución 3284/24, publicada en el Boletín Oficial, establece que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados con fondos de la seguridad social deben estar registradas y cumplir con la legislación vigente (Leyes N.º 23.660, 23.661 y 26.682).

El Gobierno quiere devolver el control de los aportes a los trabajadores, asegurando que el dinero llegue a entidades legítimas, explicaron desde la Superintendencia.

Además, desde el oficialismo sostienen que la medida busca beneficiar a la clase media, eliminando estructuras que aumentaban los costos del sistema de salud sin brindar servicios adecuados.