El Gobierno nacional introdujo exámenes obligatorios para trabajadores del sector público como parte de su plan de reducción y eficiencia del Estado. La medida, que comienza la próxima semana, busca evaluar la idoneidad de empleados contratados, monotributistas y aspirantes a ingresar al sistema estatal.
Nacionales03/12/2024
Redacción El Austral
En una medida sin precedentes, el Gobierno nacional anunció la implementación de evaluaciones obligatorias de idoneidad para empleados del sector público. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar que el personal posea las competencias necesarias para sus funciones, en línea con el plan de reducir y hacer más eficiente el aparato estatal.
En esta primera etapa, que comenzará la próxima semana, la medida abarcará a unos 40.000 empleados de planta transitoria, contratados y monotributistas cuyos contratos vencen a fin de año. Los trabajadores podrán rendir hasta tres veces y, de ser necesario, se podrían extender los contratos por un corto periodo para quienes no aprueben en su primer intento.
Además, a partir de ahora, los exámenes serán un requisito obligatorio para el ingreso al Estado Nacional, junto con la presentación del certificado de antecedentes penales.
El examen tendrá dos formatos: uno dirigido a empleados administrativos y otro para profesionales. Las pruebas evaluarán competencias como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y, en el caso de los profesionales, conocimientos específicos sobre normativas estatales como la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública.
El sistema de inscripción será digital, habilitando turnos a través de una página web. Las evaluaciones se rendirán en centros designados, donde los empleados responderán entre 20 y 24 preguntas en una computadora en un tiempo límite de una hora. Al finalizar, los participantes recibirán su calificación de manera inmediata y privada.
Esta medida forma parte del plan de reestructuración estatal iniciado por el Gobierno, que ya muestra avances como:
El Gobierno también busca simplificar los más de 50 convenios laborales existentes en el sector público, unificando criterios y creando una base común. A futuro, se prevé implementar un sistema de incentivos por desempeño, premiando a las áreas que cumplan eficientemente con sus objetivos.
Esta iniciativa refuerza la intención de redefinir el concepto de "servidor público", asegurando que el empleo estatal sea más reducido, eficiente y con impacto positivo en los servicios básicos como educación, salud y seguridad.
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