Internos y familiares de presos integraban una red que vendía estupefacientes dentro del Servicio Penitenciario Provincial; hay varios prófugos.
Policiales22/09/2025
Rocío Delgado
La Justicia Federal imputó a 11 personas por su presunta vinculación con una red de narcotráfico que operaba dentro de la cárcel, tras un operativo coordinado por la Policía Federal y la División de Drogas Ilegales. Según la investigación, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y del juez Leopoldo Rago Gallo, la organización movió en un año alrededor de $590 millones a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La red era liderada por presos y vendía estupefacientes dentro del penal, lo que les generaba mayores ganancias. La pesquisa comenzó con escuchas telefónicas que identificaron a Danisa Yasmín Aveiro, presunta encargada de ingresar la droga para su pareja, el recluso Cristian Jesús Latorre.
Se detectó una estructura jerárquica: entre los principales sospechosos están Sebastián Humberto Tobal, recluso con 20 años de prisión por homicidio y señalado como "jefe de pabellón", y Leonardo Jesús Arias, quien recibía dinero de las ventas. En la celda de Tobal se hallaron pastillas, y en la de Latorre, 47 gramos de cocaína.
La investigación también alcanzó a parejas y familiares de los presos. María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, tenía en su casa 425 gramos de marihuana, una pistola y pastillas. Rocío Rojas, pareja de otro implicado, fue excarcelada por un embarazo de alto riesgo, aunque le encontraron 47 gramos de cocaína y una balanza de precisión.
Por el momento, las autoridades buscan a varios prófugos, entre ellos se encuentran Leonardo Saavedra, supuesto proveedor de drogas, y tres personas más identificadas como Silva, Luna y Garrido.
La Juticia no descarta complicidad de personal penitenciario. El juez Rago Gallo otorgó 90 días a la Fiscalía para profundizar la investigación y dictó prisión preventiva para 10 de los 11 imputados.
La víctima, Sergio Nacento, fue encontrada muerta de un balazo en su camioneta. La fiscal Andrea Lazo investiga dos posibles móviles: un asalto frustrado o un ajuste de cuentas vinculado a un conflicto personal.
La mascota murió tras recibir disparos y el caso tomó un giro inesperado cuando los jóvenes denunciaron al propio dueño del animal por amenazas con un arma de fuego.
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La Provincia busca que los responsables indemnicen por los costos que generan los operativos de seguridad.
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